La jornada fatídica que aconteció el 9 de enero pasará a la historia como uno de los días más grises en el Perú.


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Las posturas son distintas, respecto a lo que ha acontecido y a los 18 muertos que aparecen en la lista, unos con nombre, otros aún como NN; pues mientras algunos han mostrado su apoyo a las fuerzas del orden, otro grupo rechaza tajantemente su accionar y los responsabilizan, tanto a ellos como al Gobierno de los decesos durante estas movilizaciones.

Muy fácil es cuestionar detrás de un sillón y muy injusto también dejar toda la responsabilidad al contingente policial encargado de despejar vías y calmar a turbas cargadas de miles de personas furibundas e indignadas; pero además con el plus de los infiltrados, entre ellos vándalos, delincuentes, subversivos, radicales extremos, entre otros.

Es lamentable sí, que la vida de inocentes se haya apagado, entre ellos una jovencita de 17 años o la de un joven médico, pero la responsabilidad no es solo policial; también la tiene el gobierno, pero sobre todo aquellos que confunden la defensa de sus derechos con la violencia y el ataque a la propiedad pública y privada.

Muchos de estos revoltosos tienen en su poder armas artesanales y eso ha quedado demostrado con imágenes.

Lamentablemente, en este tipo de protestas, cualquiera puede salir herido o muerto, tanto un manifestante, como un policía o incluso un inocente como ha sido el caso.

Miles de heridos necesitan ser evacuados, los locales del Minsa están colapsados en Puno, pero aún así, insisten en bloquear vías y tomar aeropuertos, obstaculizando el traslado de los más afectados. Y a esa gente, quién la sanciona, para ellos no hay calificativos, ellos son las víctimas. Totalmente fuera de lugar.


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