El año pasado, la Contraloría General de la República emitió como resultado del control gubernamental realizado en nuestra región, un total de 1.496 informes de control, de los cuales 427 corresponden al control posterior, que incluye 79 auditorías.

Precisamente en estas auditorías y servicios de control específico realizados a las entidades públicas permitieron efectuar el control a un monto de S/4.242 millones de recursos públicos, de los cuales la ejecución de S/223 millones fueron observados por los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico por S/25 millones en contra del Estado peruano.

Así lo dio a conocer ayer en conferencia de prensa la gerente regional de Control de Piura, Mariela Huerta Vereau, quien informó además que 355 funcionarios de diversas entidades públicas de la región de Piura, tendrían presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de hechos irregulares, cuyos procesos se encuentran en marcha.

“El perjuicio se relaciona en su mayoría con partidas no ejecutadas o mal ejecutadas, mayores metrados en lo que respecta a obras…Son 25 millones (de perjuicio) a nivel de la región”, señaló la funcionaria, quien agregó que el Gobierno Regional y sus diversas unidades es donde han detectado el mayor número de hallazgos dado que se manejan grandes inversiones.

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EN LA MIRA

Huerta Vereau adelantó que para el 2023 han programado realizar en nuestra región un total de 736 servicios de control, de los cuales 549 corresponden al control simultáneo, 181 a control posterior y seis informes de control previo.

Entre las principales materias a intervenir figuran el saldo de obra del mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla, entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración de la margen derecha e izquierda del río Piura, cuya inversión asciende a S/66.012 864.

La obra es ejecutada por el Gobierno Regional de Piura y lo que se busca es determinar si la ejecución contractual se efectuó conforme a la normativa aplicable.

PERFILES

Huerta dijo que una de las acciones a ejecutar es verificar los perfiles de los funcionarios de confianza y a partir de ello determinar si cumplen con el marco normativo para el puesto designado.

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