Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ante la Corte Suprema su controvertido intento de limitar la ciudadanía automática por nacimiento en el país. El mandatario republicano solicitó a los jueces del máximo tribunal que levanten parcialmente el bloqueo judicial impuesto a esta medida, considerada una de las más estrictas en su política contra la inmigración.

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El Departamento de Justicia formuló la petición cuestionando específicamente la extensión de tres órdenes judiciales emitidas a nivel nacional por jueces federales en los estados de Washington, Massachusetts y Maryland, que impiden la aplicación de la orden de Trump.

La administración de Trump argumentó que las medidas cautelares deberían ser reducidas, aplicándose solo a los demandantes que iniciaron los juicios y limitándose a aquellos «realmente dentro de la jurisdicción de los tribunales». El Departamento de Justicia expresó que el tribunal debería considerar que ya es suficiente y evitar que el uso de medidas cautelares generales se siga consolidando en los tribunales de distrito.

Este conflicto comenzó el 20 de enero, el primer día del segundo mandato de Trump, cuando ordenó a todas las agencias federales que no reconocieran la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos a menos que al menos uno de sus padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La orden debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero ha sido bloqueada por varios jueces federales.