En Perú, casi dos millones de personas carecen de acceso a la electricidad, un desafío significativo que afecta especialmente a las áreas más remotas y rurales del país. Esta brecha en la electrificación no solo impide el desarrollo socioeconómico, sino que también compromete servicios básicos como la atención médica en centros de salud, donde la conservación de vacunas y la atención de emergencias se ven severamente afectadas debido a la inestabilidad de las redes eléctricas existentes.

Los esfuerzos por cerrar esta brecha incluyen proyectos dirigidos por organizaciones no gubernamentales, como EcoSwell, que ha beneficiado a más de 57,000 pacientes en Piura mediante sistemas de suministro eléctrico ininterrumpido basados en energía solar. A pesar de estos esfuerzos, una gran parte de los asentamientos humanos urbanos sigue sin contar con una conexión eléctrica formal, evidenciando una discrepancia significativa con las estadísticas de planificación urbana.

Adicionalmente, Osinergmin ha aprobado costos de conexión que incluyen actividades como la contrastación de medidores, crucial para el mantenimiento preventivo de la red eléctrica. Este tipo de medidas regulatorias son fundamentales para garantizar la expansión de la infraestructura eléctrica de manera equitativa y sostenible.

Mirando al futuro, Perú enfrenta el desafío de reintegrar y potenciar su liderazgo en energías renovables en América Latina. Históricamente, el país fue pionero en la región al introducir subastas para fomentar la penetración de energías renovables no convencionales. A pesar de los avances iniciales, la falta de nuevos proyectos desde 2015 sugiere una necesidad urgente de revitalizar esta área, especialmente para competir con países como Chile, Colombia y México que han avanzado significativamente en la integración de estas energías en su matriz energética.

En el corto a mediano plazo, es esencial que Perú proporcione las señales adecuadas para fomentar la inversión y la implementación de proyectos de energía renovable, asegurando así un desarrollo energético sostenible que no solo reduzca las emisiones de carbono sino que también mejore la calidad de vida de sus ciudadanos más vulnerables. La transición hacia un modelo energético más verde es indispensable para la sustentabilidad económica y ambiental del país.